RRC/Tepic: La decisión del Ayuntamiento de Tepic de contratar a la empresa privada SYME Servicios para recuperar la cartera vencida del impuesto predial, que asciende a más de mil millones de pesos, ha generado preocupación entre los ciudadanos.
La medida, aprobada por adjudicación directa por un costo de aproximadamente 6 millones de pesos, busca recaudar al menos 30 millones de pesos entre agosto y diciembre de 2025. Sin embargo, ha desatado críticas por varios motivos:
- Falta de transparencia: La ciudadanía y regidores como Luis Zamora (Movimiento Ciudadano) y Juan Guerrero (PAN) han cuestionado la adjudicación sin licitación pública y la falta de información clara sobre el contrato y la empresa, incluyendo su domicilio fiscal y registro ante el SAT.
- Riesgo de hostigamiento: Existe temor entre los tepicenses de que la intervención de una empresa privada derive en prácticas de cobranza agresivas o embargos, especialmente para contribuyentes con adeudos por dificultades económicas. Aunque la tesorera municipal, Blanca García, aclaró que el despacho operará bajo un esquema de «cobro a éxito» y que los embargos serían un último recurso, la posibilidad de medidas coercitivas sigue generando inquietud.
- Capacidad municipal: Críticos como Zamora argumentan que el ayuntamiento cuenta con personal e infraestructura suficientes para realizar la cobranza sin necesidad de externalizarla, calificando el gasto como innecesario y cuestionando si beneficia intereses particulares.
- Legalidad y límites: Según la legislación de Nayarit, solo la Tesorería Municipal puede ejecutar embargos, lo que plantea dudas sobre la legalidad de delegar la cobranza a un privado. Aunque el Artículo 115 de la Constitución permite a los municipios contratar apoyo externo, la ejecución de medidas coercitivas no puede ser delegada.
- Respuesta del gobierno: El jefe de Gabinete, Alejandro Galván, desmintió que se pague 6 millones de pesos directamente al despacho, afirmando que se enfocará en grandes deudores de 2024 y años anteriores, con descuentos de hasta 50% y facilidades para grupos vulnerables. Sin embargo, las críticas persisten por la percepción de hostigamiento y falta de sensibilidad.
La controversia ha llevado a protestas afuera de la presidencia municipal y a denuncias formales ante la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado. Los ciudadanos exigen mayor transparencia y que se prioricen necesidades como infraestructura y servicios públicos sobre la contratación de terceros.
